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Durante cerca de cinco meses, en caso de segunda vuelta presidencial, la contratación directa, por parte del Estado, estará paralizada. Es decir, que solo se podrán adjudicar obras a través de licitación pública y los convenios entre el Gobierno y los entes territoriales y departamentales tendrían que haber sido pactados antes del 11 de noviembre, justo cuatro meses antes de la elección de Congreso, el 11 de marzo.

A partir de hoy y hasta que sea elegido el nuevo presidente de la República rige en Colombia la segunda fase de la llamada Ley de Garantías Electorales (Ley 996 del 2005), con la que se pretende blindar los recursos públicos para que no sean usados a favor de ninguno de los candidatos en contienda.